Disposiciones generales Artículo 1. Artículo 2. Personas destinatarias. Artículo 3.
Girar arriba Introducción Las desigualdades raciales siempre han estado muy extendidas en todas las fases de la justicia galera, desde las detenciones, los allanamientos y registros, los tiroteos y otros usos de la fuerza policial, hasta las imputaciones, las sentencias y las condenas injustas. Estas reformas, aunque son perfectamente intencionadas, dejan sin resolver una faceta de prejuicio particularmente dañina, que sigue enquistada en la fuerza policial: el racismo explícito. Si bien se reconoce abiertamente que sigue habiendo policías racistas en los departamentos de todo el país, los gobiernos federales, estatales y locales no hacen casi nada para identificarlos proactivamente, denunciar su comportamiento alce fiscales que inconscientemente podrían estar confiando en sus testimonios en las causas penales que les toca atender, tampoco proteger a las diversas comunidades que han jurado servir. Estos esfuerzos por corregir los prejuicios sistémicos e implícitos en la fuerza no van a lograr reducir las desigualdades raciales en el sistema, mientras el racismo expreso siga existiendo en la policía. Y hay muchas pruebas de ello. Sin embargo, a pesar de que el FBI reconoce la existencia de estos vínculos, el Departamento de Justicia no tiene ninguna estrategia nacional para identificar a policías supremacistas blancos ni proteger la seguridad y los derechos civiles de las comunidades que vigilan. Obviamente, es probable que solo sean unos pocos los policías que son jurado activos de grupos supremacistas blancos. Desde el añohan quedado expuestos policías con supuestos vínculos a grupos supremacistas blancos o involucrados en actividades de militancia de extrema derecha en Alabama, California, Connecticut, Florida, Illinois, Luisiana, Míchigan, Nebraska, Oklahoma, Oregón, Texas, Virginia, Washington y Virginia Occidental, entre otros sitios.
